El gasto social destinado por Rajoy a proteger el derecho a la vivienda sufrió un recorte del 65,2% en el trienio 2014-2011, tras ser reducido desde los 1.201 millones anuales dedicados en el ejercicio 2011, a los apenas 418 millones del año 2014 (datos recopilados de Eurostat).

De esta manera, el presupuesto del ejecutivo del PP destinado a políticas de protección social de la vivienda se redujo en España a tan solo una tercera parte de lo que se asignó en el año 2011, al tiempo que miles y miles de personas y familias eran desahuciadas tal y como el Instituto Nacional de Estadística, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) o Amnistía Internacional, entre otras instituciones y organismos, pusieron de manifiesto reiteradamente.

Dentro del territorio europeo y en relación a dicho periodo, ningún otro estado miembro de la Unión Europea o de la Zona euro redujo el gasto social a vivienda al ritmo que lo hizo España. Así, mientras Rajoy autorizó aquí que cerca de 800 millones de euros dejaran de integrar la partida presupuestaria destinada a blindar el derecho a un “techo”, otros países como Francia o Alemania no solo no recortaron esta partida de gasto social sino que la incrementaron en 1.592 y 1.554 millones de euros, respectivamente.

En consecuencia, el estado de bienestar español terminó por fijar su esfuerzo anual de gasto a esta materia en un porcentaje inferior al 0,05% del PIB, doce veces menor que el de la Unión Europea y situado por debajo, incluso, del de Grecia (0,1%). Cabe recordar, asimismo, que Irlanda, el segundo país que más recortó el gasto público en vivienda tras España durante el citado trienio (161 millones de euros), todavía dedicaba a este derecho el 1,1% de su PIB, suponiendo esta proporción un esfuerzo veintisiete veces superior al dedicado por el ejecutivo de Rajoy.