Este miércoles se ha presentado públicamente el 6º Estudio del Observatorio de Vulnerabilidad de Cruz Roja Cataluña, cuyo enfoque se ha centrado en los efectos ocasionados por la crisis en el colectivo de personas de entre 45 y 70 años usuarias de los programas de “Lucha contra la pobreza y la exclusión social” de dicha organización.

Elaborado a partir de una muestra de 5.044 personas y 963 encuestas telefónicas, el perfil del análisis socioeconómico resultante ha revelado que el 83,6% de los encuestados se encuentra en desempleo y que de éstos tan solo un 35,4% cobra subsidio de paro, mientras que un 12,6% declara no poseer ingreso alguno.

Los datos del estudio destacan, también, que el escaso porcentaje de los entrevistados que trabaja sobrevive en unas condiciones de precariedad máxima, derivadas de la dificultad de encontrar ocupaciones a jornada completa y salarios de una cuantía suficiente para afrontar las obligaciones de pago de alojamiento, manutención y cuidados sanitarios.

En términos concretos, más del 50% de los empleados se ve abocado a actividades de jornada parcial y aproximadamente un tercio de los trabajadores entrevistados (32,9%) cobra salarios de entre 301 y 600 euros mensuales.

Otro de los indicadores de máxima precariedad laboral señalado en el estudio evidencia que incluso el 17,1% de los que sí tiene un empleo no dispone de contrato de trabajo.

La crudeza de los datos mostrados en el estudio queda corroborada por la afirmación de un 50,1% de los encuestados, quienes indican que la situación económica que padecen afecta a su salud emocional (un 27,7% afirma estar en tratamiento).

Al margen de los resultados analizados, el estudio se completa tanto con entrevistas personales a usuarios de los programas de la Cruz Roja, como con valoraciones de determinados actores socialmente relevantes en la comunidad catalana.

Así, Josep María Rañé, Presidente del Consejo de Trabajo Económico y Social de Cataluña (CTESC), manifiesta la injusticia que supondría no garantizar “pensiones adecuadas” al conjunto de personas a quienes la crisis le ha tomado al final de su vida laboral.

La técnica de ocupación, Laura Roizarena, recuerda que la Administración no incentiva lo suficiente la contratación del colectivo de personas mayores de 45 años y pide que las empresas enfoquen también los procesos de selección “desde la competencia profesional, y no desde la edad y el sexo”.

Ramón Vila, director de la Fundación PIMEC, sostiene por su parte que la situación de los parados mayores de 45 años es fruto más del contexto y lamenta que el empresario sea estigmatizado y criticado, ya que es el instinto de supervivencia el que le lleva a echar personal, «algo, emocionalmente hablando, muy difícil de asumir».