Hagamos un pequeño ejercicio de recapitulación. España, año 2015, su PIB asciende a 1,1 billones, el problema del desempleo no está ni mucho menos resuelto y su déficit público parece que, al menos sobre las previsiones, se ha disparado. Estamos todos a…

España, año 2007, su PIB ascendía a 1,1 billones (idéntico al actual), el problema del desempleo tampoco estaba ni mucho menos resuelto -aunque parecía soportable, afrontable- y en cuanto al déficit público simplemente no existía; ese año hubo superávit.

De modo que tras este breve pero sesudo e intenso ejercicio de recapitulación, lo ideal sería que nuestro nivel de inteligencia económica en España diera lo suficiente de sí como para ser capaz de autopreguntar: “¡eh!, nuestro PIB ya vuelve a ser el mismo que en la época del ladrillo, entonces, ¿cómo es posible que la tasa de desempleo sea entre dos y tres veces superior?

Esa sería una, la primera pregunta, de la que a continuación se desencadenarían estas otras: ¿Y por qué ahora tenemos déficit y no superávit?, ¿en qué se está gastando el dinero? ¿cómo se financia el déficit?

Y sucedería que para responder a estas preguntas antes deberíamos saber qué es el déficit público, una cuestión que ya ha sido lo suficientemente explicada aquí, pero que básicamente se resume en aquella situación presupuestaria en la que los gastos de la administración pública son superiores a los ingresos.

Se entenderá ahora que aunque España ya se haya recuperado en términos de PIB, el hecho de que esta recuperación se haya logrado con 2,5 millones de personas menos trabajando al año -porque en su momento dejaron de hacerlo y porque todavía siguen formando parte del denominado paro estructural- esta sea una circunstancia que nos permita explicar parte de la situación de déficit crónico padecida (en este caso motivada por la vía de la caída de ingresos; no trabajo, no cotizo, no tributo, no genero ingresos al Estado).

Mas no hemos hablado aún de los gastos, la otra partida presupuestaria que gran cantidad de actores institucionales y políticos de España abogan por recortar, pues consideran que de esta manera podría corregirse total o parcialmente el déficit. Y en este punto resulta muy curioso observar que el posicionamiento de estos actores nunca jamás se plantea la posibilidad de limitar o recortar el extraordinario aumento del gasto en intereses de deuda pública que afronta el estado. ¿Acaso propugnan un recorte o limitación selectiva del gasto?

La sola formulación de esta pregunta ya supondría haber alcanzado un estadio superior de inteligencia, que incluso nos permitiría profundizar en cuestiones tales como: ¿por qué recortar gasto o inversión pública pero no intereses de deuda pública? ¿Acaso es más productivo este último gasto o genera una mayor contribución al bienestar social?

Fíjense por último en esta curiosidad. Los gastos por intereses de deuda pública ascendían en el año 2007 a unos 12.000 millones de euros. Pero ahora en el 2015 suponen unos 30.000 millones. Este no es un gasto problemático para algunos, ya lo hemos dicho. ¿Tampoco son problemáticos los 30.000 millones de euros que deberían estar ingresándose cada año si la política económica hubiese estado dirigida no solo a recuperar el nivel de producción previo a la crisis, sino también a incorporar al mercado laboral a todo el conjunto de desempleados?

Treinta mil más treinta mil, sesenta mil millones. De pelas no, de euros. Y no habría déficit.

(Imagen sobre presupuestos vía Shutterstock)