Apuntábamos hace unos días en el blog la existencia de estímulos económicos a la generación y producción de crisis.

Identificamos uno de ellos y lo expusimos mediante la formulación de una pregunta.

En este nuevo artículo vamos a mostrar cómo las soluciones que se proponen habitualmente para abordar las crisis de la economía en realidad no son soluciones.

Y, en consecuencia, por qué debe el Estado establecer un impuesto a la banca.

En el ejemplo que expusimos entonces describimos un conjunto de 4 agentes: inquilinos, propietarios de viviendas, entidades financieras y el Estado.

Recordemos que el Estado emitía un decreto para que la banca otorgara créditos a los inquilinos a coste cero con el fin de que los propietarios pudieran seguir percibiendo la renta de los alquileres.

Así, los inquilinos revolvían un problema puntual, el desempleo.

Por otro lado, los propietarios de viviendas resolvían otro problema, los impagos de los alquileres.

Y los bancos no resolvían problema alguno, al revés: encontraban una oportunidad de negocio en la crisis, gracias al flujo de más de 100 millones de euros en intereses destinados a ellos, establecidos en el decreto del Estado.

La madre del cordero es: ¿financiados por quién?

Los principios teóricos de la economía pública nos llevan a dos únicas opciones: deuda pública o impuestos.

Siguiendo esos mismos principios, todo queda reducido, necesariamente, a impuestos, pues la deuda pública ha de amortizarse en última instancia mediante impuestos.

La pregunta sigue entonces siendo la misma, ¿quién paga esos impuestos?

Retomando el ejemplo descrito anteriormente, existen varias posibilidades teniendo en cuenta que existen cuatro clase de agentes.

Sin embargo, el Estado no puede ser, ya que es el agente que los diseña y determina quién ha de pagarlos.

En consecuencia, si establece que sea la banca, el decreto finalmente es neutral para ella, pues los intereses que obtendrá de los préstamos provendrán de un impuesto asumido por sí misma.

Si, por el contrario, el Estado establece que sean los dueños de los inmuebles, de este modo se posibilitará la continuidad de los flujos de ingresos hacia la clase propietaria, pero disminuida en la cuota de impuestos pagada.

Y si, finalmente, el Estado establece que sean los inquilinos quienes los asuman, entonces el Estado destinará el coste y la carga financiera sobre ellos, exactamente igual que en todas las crisis hasta ahora conocidas.