La mayoría de ustedes sabrá que en España uno de los motivos de despido procedente responde a causas económicas “cuando de los resultados de la empresa se desprende una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos o ventas. En todo caso, se entenderá que la disminución es persistente si se produce durante tres trimestres consecutivos” (Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores).

Por lo tanto, de la realización de una simple comparativa entre gastos e ingresos empresariales de la que se pueda desprender una situación de pérdidas contables podrá encontrarse, también, una razón objetiva de despido de trabajadores siempre y cuando se cumplan otras determinadas particularidades, igualmente recogidas en la actual normativa laboral.

Viene este preámbulo perfectamente a colación de la información proporcionada en el gráfico inicial donde se evidencia que el sector energético (Sección D: “Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado”,  de la CNAE 2009) lidera el ranking de las remuneraciones salariales de la economía española con una más que indiscutible autoridad (4.550 euros mensuales frente a 1.832 euros correspondientes a la media de las secciones B a S de la CNAE, según los últimos datos de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del INE).

Y a que quizás también muchos de ustedes sabrán que el déficit tarifario del sector eléctrico en el que España incurre desde el año 2000, ocasionado por el emplazamiento de los costes en un nivel superior al que la tarifa al consumidor permite equilibrar gastos e ingresos, ha originado la acumulación de un volumen de deuda pública superior a los 30.000 millones de euros.

Tal vez la existencia de un entorno salarial de más de 4.000 euros mensuales de media en la “sección D” no haya constituido el factor principal por el que se hayan podido realizar despidos colectivos en el sector. La exuberancia de dicha remuneración tal vez tampoco haya tenido nada que ver con la crónica acumulación de deuda pública en el estado español. Ni con el déficit de tarifa, ni con las puertas giratorias, ni con las privatizaciones de los sectores estratégicos. Nada funciona en el sector energético. Por lo tanto, todo va bien.