Nadie debería tomar con sorpresa, y mucho menos excesiva satisfacción, el último anuncio del gobierno español por el que ahora dice que prorrogará el subsidio de 400 euros a los desempleados.

Anunciado justo en el momento en el con más descaro resulta obvio que responde a una calculada y milimétrica contemporización, lo que en realidad propone esta prórroga adicional es un nuevo ajuste y recorte más, que se activará en el preciso instante en el que la tasa de paro de España descienda del 20%.

Como si de una subasta se tratase la incorporación de este requisito adicional para determinar o no la concesión de los 400 euros a los desempleados, los sindicatos han manifestado que si el gobierno central hubiese realizado una demostración extra de misericordia adicional -estableciendo la fecha de caducidad del Plan Prepara en valores de la tasa de desempleo inferiores al 15%– habrían prestado su total conformidad, queriendo decir, pues, dónde les habría resultado a ellos mucho menos oprobioso comenzar a activar el desahucio final de los desempleados.

Como se puede observar, sigue sin haber ninguna referencia a la creación de empleo dentro del repertorio de argumentos orientados a la corrección del error y su solución.

Demostrando el conjunto de las instituciones una alarmante indeterminación moral en las coordenadas clave de actuación social, a los requisitos de ser parado de larga duración, tener responsabilidades familiares o carecer de rentas superiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional (481 euros al mes), entre otros, se añade ahora una especificación más que depende de la evolución de una macro-magnitud de la economía nacional.

Se desligan así los elementos exclusivamente individuales de la razones que motivan o no la prestación, al pasar a ser ahora el sector público el que aplique a su discreción las causas económicas que determinan su cancelación.

¿A alguien le suena de algo esto?